Hasta 20 millones de euros de multa para las empresas que incumplan el nuevo reglamento europeo de Protección de Datos

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La vulneración de algunos requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que representa a la norma actual y empezará a ser efectiva a partir del 25 de mayo, puede conllevar una multa de 20 millones de euros. A partir del mes de mayo, todo el que incumpla este nuevo reglamento europeo puede recibir una sanción de hasta 20 millones de euros.

El pasado lunes 29 de enero, la plataforma jurídica de Promein Abogados recordó que las sanciones pueden suponer, para las empresas, una cuantía que equivale al 4% del volumen del negocio total de todo el año, del ejercicio financiero anterior.

Esta entidad ha señalado que, a tan solo cuatro meses del inicio de este nuevo reglamento, las empresas, autónomos y administraciones públicas, como encargados del tratamiento de los datos, deberán aplicar medidas técnicas y organizativas, para demostrar que están cumpliendo dicha normativa.

Este nuevo reglamento europeo, conlleva novedades en materia de derechos y obligaciones, como el derecho de los ciudadanos para exigir indemnizaciones ante el tratamiento ilícito de datos de carácter personal.

El Reglamento General de Protección de Datos implica la llegada del Registro de Actividades de Tratamiento; la figura del Delegado de Protección de Datos (DPO), así como los derechos del ciudadano al olvido, la portabilidad de los datos y la limitación del tratamiento de los mismos.

El reglamento incluye el derecho al olvido, que impide la difusión de información personal a través de Internet, cuando su publicación no cumpla con los requisitos previstos, y a la portabilidad, dado que se puede conseguir una copia de los datos personales en formato electrónico para cederlos a otra empresa.

La nueva normativa no admitirá prórrogas en España

Esta normativa europea regula el tratamiento de datos personales y, teniendo en cuenta que las empresas gestionan diariamente millones de ello (nombres, datos bancarios, etc) es una normativa que supone un cambio importante en el sector comercial.

Se introducen cambios como por ejemplo el consentimiento para el uso de estos datos, que ha de ser inequívoco y verificable. Las empresas deberán informar, obligatoriamente, cuando hayan tenido una brecha de seguridad a las autoridades de control, y dependiendo de las circunstancias de dicha brecha, también tendrán que informar a los propios afectados.

Las empresas que no cumplan el reglamente se exponen a una multa millonaria de hasta 20 millones de euros.

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